A nivel internacional se han puesto en marcha iniciativas tendentes a impedir el fraude fiscal, siendo asumidas por nuestra normativa interna. Todas ellas se refieren a un conjunto de tributos que afectan a cualquier tipo de organización, tales como el Impuesto sobre Sociedades (impedir la erosión de la base imponible), el Impuesto sobre el Valor Añadido (la llamada “teoría del conocimiento”) o los gravámenes aduaneros (riesgo derivado del fraude en el origen de las mercancías importadas).
Dichas iniciativas se completan con el deber de notificar a la Administración determinados esquemas que presentan ciertas “señas distintivas”. Estas últimas reflejan que pueden ser potencialmente considerados como de planificación tributaria agresiva.
Todo lo anterior pone de manifiesto la necesidad de que las distintas organizaciones cuenten con departamentos internos que velen por prevenir este tipo de conductas, estando al frente un “Responsable de Control y Gestión del Riesgo Fiscal”.
Su certificación es una garantía de que se ha elegido al mejor, dotando a los órganos de gobierno de aquellas de seguridad en la toma de decisiones.
El certificado acredita que la persona reúne conocimientos especializados en la normativa de contratación pública; en cuestiones administrativas, civiles, mercantiles, laborales y tributarias, que inciden en la misma; así como en la doctrina administrativa y jurisprudencia recaída al respecto.
Además, que conoce las tecnologías necesarias para la tramitación electrónica y las aplicaciones informáticas que deben ser utilizadas. Por tanto, que es apta para desarrollar, en la organización, pública o privada, para la que trabaja, sus tareas en los términos previstos en la Recomendación (UE) 2017/1805.